La condena a Garzón en la trama Gürtel es algo sobre lo que nos hemos pronunciado en repetidas ocasiones desde este espacio y siempre hemos estado convencidos que no había posibilidades de un veredicto de inocencia porque a nadie conviene otro cosa que no sea la culpabilidad y por consiguiente la inhabilitación del controvertido juez como tal.

No es nuestra pretensión no acatar la sentencia porque lo haremos en la misma medida que lo hicimos hace unas semanas con la de Camps y Costa; tampoco está entre nuestras intenciones hacer una crítica de la misma porque nuestros conocimientos de derecho no tienen la altura debida como para hacer una valoración jurídica de la misma por mucho que leamos la sentencia detenidamente.

Dicho lo anterior lo primero es reconocer que nos fastidia haber sido profetas desde este espacio porque en más de una ocasión hemos venido diciendo que Camps sería exculpado por cohecho impropio y Garzón condenado en la Gürtel, como así ha sucedido, y seguimos manteniendo que recibirá otra condena por el asunto de la memoria histórica y en el tema de los cursos de Nueva York sea absuelto más que nada por no hacerle parecer como el malo malísimo de todos los delincuentes que campan por España.

La condena la entendemos como un aviso a navegantes, desde hoy mismo los jueces que tengan en su mente investigar tramas de corrupción donde políticos de cierto renombre o personal con cierto poder económico y social se vean envueltos que se abstengan de hacerlo porque en cualquier momento dado correrán la misma suerte que Garzón, serán condenados por cualquier presunto error en el procedimiento de instrucción del mismo y de ese modo las investigaciones serán nulas de pleno derecho, los implicados no tendrán una importante carga de prueba en su contra y quien lleve a cabo la instrucción podrá ser inhabilitado y apartado de la carrera judicial.

De la sentencia nos llama la atención no solo la condena a 11 de años de inhabilitación que es dura, quizá de las más duras que se hayan impuesto, sino la unanimidad de los Magistrados del Alto Tribunal y afirmaciones como: «no se trata de una interpretación errónea de la ley, sino de un acto arbitrario, por carente de razón, que desmantela la configuración constitucional del proceso penal como un proceso justo», o “no es posible construir un proceso justo si se elimina esencialmente el derecho de defensa”, o “Esta forma de actuar causaría una destrucción generalizada del derecho de defensa, que no tiene cabida en la Constitución”, sobre todo párrafos como «El Poder judicial se legitima por la aplicación de la ley a la que está sujeto, y no por la simple imposición de sus potestades», o que los magistrados califiquen el modo de instruir del juez con prácticas que «sólo se encuentran en los regímenes totalitarios». Frases como estas dan para pensar incluso en una venganza gremial por la dureza de las mismas.

Los dicho a Garzón le han condenado para que otros se salven y de paso indicar al resto de Magistrados el camino que no deben seguir o contra quienes no deben actuar si quieren seguir conservando su puesto de trabajo; será una casualidad pero el Juez que ha imputado a Urdangarín en la trama Nóss está siendo investigado con la apertura de un expediente por el CGPJ.

Ni que decir tiene que los demás tomamos nota del aviso pero le ignoramos, aunque nos somos conscientes y asumimos el riesgo de estar en la lista de los próximos investigados por no callar ante las atrocidades que se comenten en este país en nombre de la Justicia.

Galiana