Afrontamos el fin de semana queriendo imaginar que el Consejo de Ministros no nos deleitará con alguna de las maravillosas y gratas sorpresas a las que nos tiene acostumbrados desde que el PP llegó al poder convirtiendo los viernes en el día estrella de la semana.

Desde que Rajoy y los suyos llegaron a Moncloa quien más quien menos aguarda con impaciencia la salida de “La Guardia Pretoriana” o de la Vicepresidenta del Gobierno en solitario para anunciar el nombre de los afortunados que sufrirán «en sus carnes» los efectos del sorteo que depara el bombo de los recortes y quienes tendrán que seguir esperando una semana para ser honrados con tal gracia.

A los ya afortunados en este peculiar sorteo se les puede unir todo aquel que en internet tenga la osadía de convocar al personal en un espacio público criticar los desmanes que está cometiendo el Gobierno.

En previsión por lo que pueda suceder en el hipotético caso que a la ciudadanía le dé por salir a la calle en tromba, en plan celebración del Mundial, una vez que se confirmen los peores presagios sobre el reconocimiento oficial de la tan temida intervención de la UE el Gobierno ha optado por solucionar esta cuestión enredando con otro de los derechos reconocidos en nuestra Constitución y pretende saltarse a la torera lo establecido en el artículo 21 de la Carta Magna donde se nos reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas y que para poder ejercitar tal derecho no necesitemos de autorización previa.

Una vez más el Gobierno muestras su lado más ultraconservador, ese que siente repulsión por nuestros derechos y libertades constitucionales, y utiliza el arma de amenazarlos tratando de ocultar la incompetencia de la que está haciendo gala para sacarnos de la crisis en la que estamos inmersos y de la que decían conocer la fórmula antes de llegar al poder.

Para el Ejecutivo es un incordio que el personal quede para estos menesteres vía internet y para acabar con estas prácticas tan poco sanas que tenemos los españoles, a juicio del Gobierno, de reunirnos en la Plaza de Sol o en otras plazas españolas para gritarle de forma pacífica y masiva que ese no es el modo de hacer las cosas ha decidido convertir estas convocatorias en un delito penado con dos años de cárcel.

Por cierto no tenemos ni idea de si la sin par idea que se le ha ocurrido al Gobierno afecta también a las celebraciones de fútbol en las fuentes emblemáticas de las ciudades, a las Misas multitudinarias que tan bien organiza la Iglesia gracias al dinero que le da el Estado, a las colas para asistir a conciertos de bandas emblemática…

Disfrutemos en la medida de lo posible del fin de semana porque no vienen curvas ya estamos en ellas y este Gobierno no parece haberse enterado todavía de ello.

Galiana