Los cabezas de cartel de las diferentes formaciones políticas que concurren en las elecciones municipales y autonómicas del próximo 24 de mayo están cerrando las listas con los nombres de quienes les acompañarán.

No vamos a entrar en cómo cada cual elabora estas candidaturas, porque nos perderíamos en un maremágnum de “factores tan importantes” como el amiguismo, los favores pedidos y demás. Porque allá cada cual se juegue los cuartos cómo y con quien quiera, ya que los ciudadanos tenemos asumido hace tiempo y para nuestra desgracia que fuera de las candidaturas se quedan personas de gran valía con fantásticas ideas, pero que carecen de padrino que les haga llegar a las mismas.

Partamos de la base que estas listas contienen a una serie de cabezas de chorlito que responden a imposiciones del partido de turno, lo que no vamos a consentir de ninguna manera es que en las mismas aparezcan nombres de personas imputadas por cualquier delito.

Con lo que acabamos de escribir nos hemos ganado algunos enemigos, pues más de uno y de dos nos dirá que con esta afirmación mandamos a hacer puñetas el principio de inocencia que tanto protege nuestra constitución. Pero no, no se trata de quebrar nada porque no estamos por la labor de convertirnos en jueces y jurados.

Simplemente exigimos que aquel que quiera ser un servidor público tenga presente la frase “La mujer del César no solo debe ser honrada, sino parecerlo”.

No puede ser que las estadísticas de este país revelen que uno de los problemas que más nos preocupa a los ciudadanos sea el de la corrupción, justo por detrás del paro, y consintamos que en las candidaturas de las distintas formaciones políticas aparezcan imputados como si no lo estuvieran.

La cuestión es que si uno de estos imputados estuviera inmerso en una causa de violación, de violencia de género, de atraco a un banco, e incluso homicidio y asesinato, a nadie de su partido se le pasaría por la cabeza el incluirlo en las listas.

¿Por qué, si la causa en la que está imputado es por delito de corrupción, fraude, prevaricación, apropiación indebida y demás, si pueden aparecer en las listas? ¿Será que tenemos delitos de primera y de segunda? ¿Será que los imputados conservan o no el principio de inocencia a tenor de qué delito se les acuse? ¿O será que realmente nos saltamos lo de la imputación cuando nos parece bien?

En cualquier país demócrata del mundo no tiene cabida que en la lista apareciera un imputado ni siquiera por una infracción de tráfico, pero parece ser que nosotros tenemos tendencia a ser república bananera.

Galiana