La semana va discurriendo entre la campaña electoral y los ecos que todavía resuenan de la metedura de pata de Cañete o, como dicen en el PP, del mal paso que dio el candidato, y la final de la Champions entre Real Madrid y Atlético de Madrid en Lisboa. Los demás temas están porque el mundo no se ha paralizado.

El asesinato de Isabel Carrasco, además de animar la campaña electoral hasta que Cañete dijo lo que dijo, ha puesto sobre la mesa el asunto de la libertad de expresión en las redes sociales.

Twitter, Facebook y las demás no son otra cosa que un ágora donde cada cual expresa lo que le sale de la sesera, de las tripas y del culo. En ellas encontramos opiniones para todos los gustos, de todos los colores y sabores, cada cual se retrata como lo que es. En eso radica el éxito de las redes sociales. Por supuesto que para que todo esto funcione tiene que estar el criterio de cada uno para mandar a hacer puñetas a quienes demuestran no pasar de miserables con sus comentarios, aunque para eso hay que tener dos dedos de frente y no todo el mundo los tiene.

Hasta tal punto ha llegado esto de querer controlar las redes sociales que Fernández Díaz ha decidido arremangarse y solucionar la cuestión.

El Ministro no es que vaya a poner un veto tipo China u otros países que no soportan que el personal tenga capacidad para expresar sus ideas, buenas y las malas, que abundan de las dos, pero el titular de Interior quiere ponerle puertas al campo.

La idea de capar las redes sociales con el argumentario de que algunas declaraciones pueden ser constitutivas de delito no son nuevas, ni algo que haya pensado Fernández Díaz en exclusividad. Son propias de todo aquel que no soporta las críticas, que busca en las redes sociales una clac que le jalee sus múltiples gilipolleces.

No vamos a negar que algunos entienden la libertad de expresión como un “todo vale”, y sueltan lo que sea con tal de llamar la atención sin pararse a pensar que sus palabras, sea en una red social o en la barra de un bar, son constitutivas de delito según el Código Penal español. Ya lo dijo el torero “hay gente pa tó”

No necesitamos a Fernández Díaz como Sheriff de las redes sociales, ni que desate una caza de brujas contra todo aquel que no entienda las reglas básicas de la libertad de expresión, nos bastamos solitos para bloquear, denunciar llegado el caso, o simplemente ignorar a todo aquel que no sepa cómo funciona el juego.

Sin ánimo de ofender, o tal vez sí, el Ministro mejor que se dedique a resolver los problemas propios de su ministerio, que para mandar al carajo a quienes no saben respetar la libertad de expresión ya nos bastamos solitos.

Galiana