No es que nos sorprenda, cada vez lo hacen menos cosas, pero que el personal también hiciera negocio con el tema de los Cursos de Formación para los Parados no deja de ser una más dentro de la espiral de mangoneo en el que han vivido algunos, y que la crisis está sacando a la luz.

A José Luis Aneri, en la cárcel desde finales de febrero por haber estafado 4,5 millones de euros en los dichosos cursos, se le une Alfonso Tenazos Presidente de Federación de Empresarios de la Comunidad de Madrid por la misma causa, y otras nueve personas más.

Todo esto viene a demostrar que todo aquel que puede ha estado haciendo negocio sin escrúpulo alguno con el dinero público en cuanto la ocasión se ha presentado.

Acabar la semana reafirmando que vivimos en el país del “churrimangüe” no es algo de lo que nos sintamos orgullosos, sobre todo porque los que se dedican a estos “menesteres tan poco limpios” son quienes más se llenan la boca de decir que la ciudadanía ha estado viviendo por encima de sus posibilidades y todo ello es lo que nos ha abocado a la crisis tan brutal que nos destruye.

El mapa de la corrupción política que tenemos es para vomitar sin más, y dice mucho acerca de cómo nunca hemos dejado de ser una República Bananera. Que junto a esta casta de Servidores Públicos que se aprovechan de lo de todos gracias a sus puestos, la clase empresarial está demostrando que llenarse los bolsillos con el dinero ajeno está a la orden del día, y ganas nos dan de calificar la conducta con algún tipo de exabrupto, pero no estamos por la labor de calzar ese gorro.

El fraude en los Cursos de Formación no es otra más de las muchas estafas que están saliendo a la luz, que demuestra como el oscurantismo es lo que prima a la hora de hacer negocios con la Administración.

Podríamos tener una ley de Transparencia que regulara los contratos con las Administraciones, una ley que evitara todo este tipo de chanchullos, pero… “con la Iglesia hemos topado, amigo Sancho”. Tener una ley de este tipo poco margen dejaría para que los “listillos” de turno engordaran sus cuentas corrientes a costa de los de siempre, y eso es evidente que no interesa a ninguna de las partes.

El caso es que necesitaríamos que esta supuesta Ley de Transparencia que hemos imaginado, además de hacer constar que todo aquel que se lo haya llevado “crudo” diera con sus huesos en la cárcel, una vez juzgado y condenado por la autoridad competente, obligara al Golfo Apandador de turno a devolver lo afanado con los correspondientes intereses.

Visto que en este país hasta el más tonto hace botijos, nos hemos apuntado a hacer un curso de alfarería con la insana intención de intentar aprender algo del noble arte de sacar tajada cada vez que realicemos un contrato con la Administración.

Galiana